ICE ahora detiene a más inmigrantes pero pocos tienen antecedentes criminales graves

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reiteran que la mayoría de los inmigrantes detenidos en las cárceles de ICE no han cometido crímenes, sino faltas de carácter administrativo y, por tanto, no representan una amenaza para la seguridad nacional.
5 Nov 2018 – 2:53 PM EST

A partir del 30 de junio la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentó a 44,435 el número máximo de extranjeros detenidos en sus 217 centros ubicados en 180 condado repartidos en 43 estados, según revela un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.

A finales del año fiscal 2015 la agencia tenía una capacidad diaria máxima permitida de 39,082 camas autorizadas por el Congreso.

El reporte indica que “la gran mayoría (58%) de los individuos bajo custodia de ICE al 30 de junio no tenía antecedentes penales. Y que una proporción aún mayor, cuatro de cada cinco, o bien no tenía registro o solo había cometido un delito menor, como una infracción de tránsito”.

Esto significa que “solo a uno de cada cinco que habían sido condenados por lo que ICE clasificó como delito grave”, precisa el reporte. Es decir, sólo el 16% pueden ser calificados como extranjeros criminales a quienes ICE define como individuos que han cometido una ofensa grave o de Nivel 1.


“Incluso entre las infracciones de Nivel 1, ICE incluyó crímenes como vender marihuana, que muchos estados ahora está permitido (se legalizó)”, advierte el TRAC.

“Una persona tiene un récord criminal en el momento que se declara culpable delante de un juez (o es declarado culpable por un juez)”, dijo al Noticiero Univision Vital D’Carpio, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California, poniendo en duda los datos entregados por ICE para el informe del TRAC.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reiteran que las cifras del gobierno no se ajustan a la realidad. "Lo que nos dice este informe es que, contrario a las mentiras que ha repetido hasta el cansancio el presidente Trump para convertir a los inmigrantes en criminales sin que lo sean, sólo el 16% tiene delitos graves", dice a Univision Noticias Juan José Gutiórrez, director ejecutivo del Movimiento Latino USA, en Californi. "Eso significa que más del 80% tienen delitos menores que no merecen ser detenidos en cárceles de ICE. Sólo han cometido faltas de caracter administrativo", agregó. "


Las faltas

El TRAC añade que para aquellos que habían sido condenados “el delito más frecuente fue la entrada ilegal (un delito menor), seguido por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI). La condena por agresión ocupa el tercer lugar, mientras que la infracción de tránsito simple ocupa la cuarta causa más frecuente.

En cuanto al origen de los detenidos por ICE, la mayoría eran principalmente de cuatro países. El 43% provenían de Guatemala, Honduras y El Salvador, mientras que un 25% eran originarios de México.

Del resto, 5% eran de India y 4% de Cuba. Ninguna de las otras nacionalidades representó más del 1% de las personas detenidas por ICE.

El informe del TRAC también muestra que 1 de cada 6 detenidos eran mujeres. Además, del total de detenidos diarios “el 18% había residido continuamente en Estados Unidos durante 10 años o más y 1 de cada 4 había estado en el país durante al menos 5 años.


Dónde los trasladan

El TRAC señala que a finales de junio los centros de detención ubicados en Texas tenían el 29% de todos los detenidos por ICE. “Otros nueve estados tenían 1,000 o más individuos y, junto con Texas, representaban 4 de cada 5 de los detenidos por la agencia”.

Los datos que respaldan el informe muestran además el predominio de las cárceles privadas con fines de lucro en la detención a gran escala de los detenidos por ICE. “En general, el 71% de los inmigrantes arrestados se encontraban alojados en instalaciones operadas por empresas privadas. El resto de las instalaciones fueron operadas por el gobierno, incluidos los condados, las ciudades y el gobierno federal”, precisa.

“Sin embargo, muchas menos de las instalaciones operadas por compañías privadas eran en realidad propiedad de estas compañías”, añade. “Dos de cada tres (67%) eran propiedad de condados y municipios, mientras que un 11% adicional era propiedad del gobierno federal”.

Las principales empresas que operan centros de detención de ICE son el Grupo GEO y CoreCivic (CCA). ”El mayor número de detenidos por ICE (1,839) fueron encerrados en el Centro de Detención Stewart ubicado en Lumpkin, Georgia. Esta instalación de propiedad del condado es operada por CoreCivic, una compañía privada anteriormente llamada Corrections Corporation of America (CCA)”, explica el reporte del TRAC.

Otros dos centros de detención tenían un número cercano de detenidos. El Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto en el Condado de San Bernardino, California, tenía 1,831 detenidos hasta fines de junio de 2018. Mientras que el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas en Pearsall, Texas tenía 1,815 detenidos.

“Tanto la instalación en California como la de Texas son operadas por otra compañía privada, GEO Group, Inc.”, detalla el reporte.


Tiempo de encarcelamiento

El informe indica además que “muchas personas habían permanecido un período de tiempo relativamente corto. Hasta el momento, el 41% había permanecido bajo la custodia de ICE durante 30 días o menos”.

“La inmensa mayoría de los detenidos son migrantes que han llegado recientemente a Estados Unidos. Son personas que no han tenido oportunidad de cometer delitos más allá de haber violado las leyes de inmigración”, dice Gutiérrez.

Activistas reiteran que la preminencia indocumentada sigue siendo una falta de carácter civil no criminal, una ofensa que no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

ICE argumenta que el 25 de enero del año pasado el presidente Donald Trump, tras firmar una orden Ejecutiva sobre el muro fronterizo y otra sobre las jurisdicciones santuario, decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza para la seguridad publica y nacional.

“Al gobierno federal le cuesta casi $200 diarios tener detenido a un indocumentado por día. En un año fiscal, pues estamos hablando de una cifra astronómica”, indicó Gutiérrez.

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